2009-10-14

"Nos Quieren Quitar la Luz a Fuerza"

tribuAméricas® | martín de lima moreno

MÉXICO.- Un decreto firmado por el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa en sábado por la noche, agendado por la oficina presidencial como de "actividades personales", extinguió la empresa estatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que desde principios del siglo XX era el bastión de uno de los últimos sindicato independientes del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las instalaciones de la compañía que daba servicio en los estados centrales del territorio nacional, incluido el Distrito Federal, fueron ocupadas por la Policía Federal Preventiva (PFP) pocas horas después de que la población se volcara en las calles a festejar el pase de la selección nacional de fútbol al Campeonato Mundial que se realizará en 2010.

El motivo de la intervención policiaca en la empresa fue un conflicto post-electoral interno del SME que culminó en el rechazo del gobierno federal a reconocer la reelección del líder Martín Esparza Flores. Y cuando se esperaba una mano conciliadora en la Secretaría del Trabajo que mediara para resolver la confrontación entre trabajadores, el gobierno mexicano argumentó que el conflicto entre empleados ponía en riesgo la prestación del servicio de electricidad en algunos de los principales centros urbanos e industriales del país y acabó con la empresa.

El director general de la compañía, Jorge Gutiérrez Vera, que sería el responsable directo de la administración de LyFC no ha rendido aún a la Opinión Pública o al Poder Legislativo un informe detallado de cuál era el grado de responsabilidad del Sindicato en el magro desempeño financiero y de servicio de la estatal, que hubiese incidido en la desaparición de la misma.

A lo largo de varias décadas, los gobiernos mexicanos aceptaron las condiciones que imponía el SME para laborar en la empresa y la administración de Calderón no fue la excepción. Después de la publicación del decreto presidencial del pasado 10 de Octubre, se conoció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró la existencia de la empresa, innecesaria para el país, a pesar de que daba empleo directo a más de 60 mil familias en varios estados y que operaba con recursos financieros restringidos por el propio gobierno federal. <<>>

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