2010-09-14

Remueven a Pecadora Estándar de Cargo en Inmigración

tribuAméricas® | martín de lima moreno

MÉXICO.- Después de veintiún días del hallazgo de 72 cadáveres de inmigrantes indocumentados centroamericanos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, la comisionada del Instituto Nacional de Inmigración (INM), Cecilia Romero, fue removida de su cargo por órdenes del secretario de Gobernación, Francisco Blake, del cual dependía la funcionaria.

A principios de septiembre, el secretario Blake aseguró a periodistas que estaba "evaluando" el desempeño de Cecilia Romero como ejecutora de las políticas migratorias de México y si bien hay un refrán que asegura que "más vale tarde que nunca", la tardanza de la administración del presidente Felipe Calderón en la remoción de la funcionaria podría haber entorpecido el proceso de investigación de la masacre de inmigrantes.

Aunque oficialmente se habla de que el genocidio de San Fernando, Tamaulipas, fue perpetrado por Los Zetas, un grupo de sicarios al servicio del narcotráfico, según información proporcionada por un ecuatoriano, aparentemente único sobreviviente de la matanza, ésta sólo habría sido el desenlace de una cadena de actos de corrupción y extorsión realizados por empleados de la autoridad migratoria en México.

De acuerdo con videos divulgados en la web, de testimonios de inmigrantes que han cruzado territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos, en busca de un trabajo y mejor calidad de vida, sin documentos, empleados del Instituto Nacional de Migración a cargo de Cecilia Romero Castillo tenían o tienen montada una poderosa red criminal de tráfico y extorsión de personas que ha utilizado la infraestructura y recursos públicos de la autoridad migratoria para su beneficio particular.

A pesar de las constantes denuncias tanto de migrantes indocumentados como de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, Romero Castillo -quien asumió su cargo como comisionada del INM al inicio del actual régimen, en Diciembre 2006- se caracterizó siempre por sus comentarios de salida fácil a la problemática de la inmigración indocumentada o ilegal en Norteamérica y la trata de personas.

 Apenas en 2009, cuando se conoció de la existencia de una red de tráfico de personas y prostitución de migrantes, operada desde el Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero aseguró que estos delitos son "males de la humanidad" que México no puede erradicar; como si no hubiese una autoridad migratoria responsable de frenar a las mafias globales de la trata de personas. Bajo esta visión de su hoy ex titular, destacada integrante de la ultraderecha católica mexicana cobijada en una organización ideológica de corte fascista denominada El Yunque- el Instituto Nacional de Inmigración no pasó en ningún momento del discurso político a una estrategia factible para dar al tema migratorio global, el lugar que le corresponde en la agenda de México y de la región, puesto que México es espacio de tránsito obligado hacia los Estados Unidos y Canadá y/o destino optativo de miles de personas, no sólo de la región latinoamericana, sino también de los otros continentes.

Se dice que Cecilia Romero se sostuvo en el cargo de comisionada de inmigración sólo por el apoyo que recibía del presidente de la República, Felipe Calderón, antiguo camarada partidario, y que dejó escapar varias oportunidades de oro para sentar a dos administraciones gubernamentales estadounidenses, la de George W. Bush y la de Barack Obama, a negociar una política migratoria conjunta en el marco de diversos acuerdos bilaterales, entre ellos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Lejos de apoyar la facilitación de los flujos migratorios legales y ordenados dentro del continente americano, Romero Castillo hizo al Instituto Nacional de Inmigración un ente invisible cuando el gobierno de Canadá tomó a mediados de 2009 la decisión unilateral de exigir visado a mexicanos (práctica superada dentro del TLCAN), debido a los fraudes que se cometían en México en solicitudes de refugio que pudieron ser detectados por el INM desde su origen, en el propio territorio mexicano.

En lugar de encauzar la política migratoria mexicana de las estrategias persecutorias a la prevención de irregularidades y delitos por la vía del control adecuado del ingreso y tránsito de personas, lo que se destapó en los primeros cuatro años del mando de Cecilia Romero fue una maraña de complicidades que ignoró argumentando que el instituto hasta hoy bajo su cargo no tiene facultades para enfrentar al crimen organizado.

Entre los "daños colaterales" e indirectos de la actuación de Romero Castillo al frente del INM se cuenta el asesinato de los funcionarios del poder judicial que investigaban la masacre de San Fernando; sin embargo, para alguien como ella que, en Julio de 2005, en su carácter de secretaria de Relaciones Internacionales del CEN del Partido Acción Nacional (PAN) minimizó acusaciones de su compañero de partido Francisco Barrio Terrazas sobre irregularidades en la elección interna del candidato presidencial (que finalmente fue el hoy presidente Felipe Calderón) y dio por terminada la polémica afirmando que "en el PAN no somos ángeles; somos seres humanos, pecadores estándar, y no dudo que haya habido algunas cuestiones no totalmente transparentes", es probable que haya redención política y reingreso al paraíso presupuestario a la vuelta de la esquina. <<>>


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